Territorio y Planificación en el contexto Argentino

Cuando hablamos de Territorio, hacemos alusión a complejas relaciones sociedad-naturaleza. Esta vinculación recae necesariamente dentro del análisis de problemáticas ambientales, ya que coexisten múltiples factores que generan disputas por el uso y tenencia de la tierra.

Actualmente, el enfoque de los procesos territoriales referidos al ordenamiento, derivan de tensiones entre distintos actores por el uso y gestión del territorio, que mayormente son impulsadas por la economía mundial. Como causas, se pueden mencionar la expansión de las fronteras urbanas, conflictos por recursos estratégicos (agua, suelo, biodiversidad, entre otros), ocupación de sitios riesgosos, frágiles o de conservación, y crecimiento desmedido de actividades productivas (sector agrícola e industrial, biocombustibles, minería, hidrocarburos, etc.).
De manera general, se visualiza una estrecha relación entre procesos económicos y organización territorial, lo cual implica que el territorio adquiere un orden que obedece a lógicas capitalistas, en ausencia de políticas coherentes con otras necesidades de la sociedad. El escenario se agrava más cuando el Estado con sus estructuras institucionales y legales, muestra debilidades y ausencias en la regulación del avance de las fuerzas económicas sobre nuevos territorios.

En particular, Argentina presenta conflictos donde se observa el choque constante entre una sociedad que exige mayor calidad ambiental y un sector productivo más demandante de recursos. Por ello, se han ido desarrollando estrategias y herramientas que logran en cierta medida evitar, minimizar y compensar los daños ambientales y desigualdades sociales. Es así entonces, que presenciamos procesos de planificación del territorio encarados desde el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Como ejemplos, podemos mencionar al Plan Estratégico Territorial (MINPLAN, 2011) y las Bases para el Ordenamiento del Territorio Rural Argentino (MAGyP, 2014).
Las estrategias en nuestro país están dirigidas principalmente a la valoración de sitios a conservar, y al diseño de un sistema productivo más equilibrado con el ambiente y la sociedad. Aun así, las propuestas de este tipo no expresan una integración real entre los sectores esenciales para la conformación de la planificación del territorio nacional. Por lo tanto, una de las herramientas fundamentales que se presentan para hacer énfasis en el desarrollo territorial planificado, es el Ordenamiento Territorial (OT).

Se entiende al Ordenamiento territorial como un proceso e instrumento de planificación de carácter técnico-político-administrativo, con el que se pretende configurar y organizar el uso y ocupación del territorio considerando los potenciales y las limitaciones del mismo, las proyecciones de la población y los objetivos del desarrollo. Esta herramienta permite analizar los elementos que generan conflictos por el territorio, considerándolos como el “desorden” que requiere de intervención estatal. La misma pretende crear instancias de negociación consensuadas en espacios participativos que optimicen el aprovechamiento de los territorios, de forma externa a los intereses particulares, y en coordinación con las instituciones involucradas en la planificación.

El enfoque en la proyección del territorio debe considerar a todos los actores implicados, resaltando las discusiones respecto a lo ambiental o lo sustentable, y exponiendo los distintos posicionamientos e intereses. Esto aporta información elemental, permitiendo descifrar los mecanismos que participan para llegar a un consenso entre las partes. La importancia de estudiar estas realidades radica en que se pueden crear ideas, concebir visiones, generar cuestionamientos sobre el orden instituido, plantear la ejecución de acciones concretas que articulen políticas públicas y prácticas estatales, todo lo cual está dirigido a perfeccionar el proceso del OT.

Hacia un Ordenamiento Territorial planificado

Las ideas del crecimiento ilimitado y del progreso consumista, ponen en evidencia los grandes desequilibrios en el desarrollo territorial del país. Es por ello, que el OT ejerce un control regulatorio mediante un conjunto articulado de reglas, normas, técnicas y mecanismos que actúan previniendo o mitigando conflictos socio-espaciales. Sin embargo, aunque se ha logrado progresar con varias iniciativas regionales, todavía no existen verdaderos procesos de alcance nacional.

Para cumplir con los objetivos que plantea el OT, se deben repensar y adaptar las formas de manejo y organización de los factores que infieren en el espacio, a fin de regular y adecuar formas de gestión y ocupación del territorio dentro de parámetros que se ajustan a un orden socio-espacial deseado. Por lo tanto, el OT constituye un proceso que considera necesario conocer, investigar y estabilizar conflictos, mientras se normativizan los múltiples factores interactuantes.

A modo de orientación, se pueden plantear algunos interrogantes tendientes a delimitar el proceso de OT, como por ejemplo ¿qué mecanismos se despliegan desde el Estado y desde otros actores? (para organizar el territorio desde una perspectiva ambiental, productiva, de acceso a la tierra, a la vivienda, al espacio público, etc.), ¿qué mecanismos y prácticas se activan desde sectores subalternos? (para oponerse y ejercer resistencias al ordenamiento impuesto), ¿cuáles son los parámetros que establecen el orden deseado? (en términos culturales, de legalidad, planificación, naturaleza, etc.), y ¿qué ideas se reproducen, legitiman y cuestionan? (en relación con la naturaleza, lo sustentable, la tierra, la vivienda y el espacio público).

En definitiva, se trata de considerar el contexto que activa mecanismos para reproducir o alterar el conjunto de variables estructurales, que definen en un determinado momento lo Social y Espacial, lo que es Natural, Normal y Deseable. Este análisis teórico, puede guiar la generación de propuestas y políticas tendientes al desarrollo del OT. Una profunda investigación debería esclarecer los conflictos centrales entre actores y mecanismos que explican las situaciones de desigualdad socio-espacial, para que se diseñen las estrategias de ordenamiento más óptimas. Finalmente, el alcance de las metas dependerá en gran medida, de una permanente articulación entre el Estado, el sector productivo y las comunidades locales.